La Suprema Corte decidirá sobre el derecho a la objeción de conciencia
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una acción de inconstitucionalidad en contra del derecho humano a la objeción de conciencia.
Jorge López
EUM SEIE 15 junio 2018.-
La CNDH, inició el combate jurídico a la normatividad que protege principalmente a los médicos y profesionales de la salud, que recientemente fue incluida en la Ley General en la materia.
La Comisión informó que presentó demandas de acción de inconstitucionalidad contra Ley General de Comunicación Social, así como del citado artículo de la Ley General de Salud, los cuales fueron publicados el pasado 11 de mayo de 2018.
“En los términos en que fue publicada abre la posibilidad a que se afecten derechos fundamentales como la salud, la integridad personal, seguridad jurídica, a la vida, libertades sexuales y reproductivas, derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y esparcimiento de los hijos, y derecho al libre desarrollo de la personalidad” dice el organismo en un comunicado.
La CNDH ya había hecho pública su intención de querellarse ante la Suprema Corte incluso antes de que los cambios se hubieran publicado en el Diario Oficial de la Federación, como afirmaron expertos en derechos humanos en el Coloquio Objeción de Conciencia “Como Derecho Humano” celebrado el pasado 30 de mayo.
En dicho foro se evidenció a los organismos que deben velar por los derechos humanos y la no discriminación, CNDH y Conapred, como los principales “objetores” de la objeción de conciencia.
El académico Alberto Patiño, de la Universidad Iberoamericana, expuso que la objeción de conciencia no se es de interés privado que se enfrenta contra algún derecho humano, sino de dos derechos humanos “de máximo rango”, por lo que la afirmación de la Comisión de que el legislador impuso una restricción que afecta el contenido esencial de derecho fundamental, carece de sentido.
Por su parte el investigador del Sistema Nacional de Investigadores y del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Javier Saldaña, aseveró en esa ocasión que esta norma no es la primera en su tipo ya que existía otras dos de naturaleza local en Jalisco y la Ciudad de México, pero además es un derecho humano que en virtud de la ratificación por el Senado del Pacto de San José ya se encontraba incorporado al orden jurídico nacional.
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