Presenta PGR acciones desarrolladas durante Presidencia de México en la CICAD
Con el objetivo de fortalecer el espíritu de cooperación internacional ante el fenómeno de las drogas, la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Oficina Nacional de Políticas de Drogas (ONPD), participó en el 64º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), en el que México concluyó la Presidencia que ocupó entre 2017 y 2018.
Washington, D. C. SEIE 20 noviembre 2018.-
Durante el encuentro celebrado en Washington D.C., Estados Unidos de América, en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Oscar Aarón Santiago Quintos, Responsable de la Oficina Nacional de Políticas de Drogas de la Agencia de Investigación Criminal, habló de los trabajos desarrollados por la PGR durante la gestión de nuestro país en la Presidencia del organismo.
El Gobierno de México, a través de la PGR, desarrolló el Observatorio Nacional de Políticas de Drogas, cuyo objetivo es integrar la información proveniente de los diferentes sectores responsables de llevar a cabo acciones relacionadas con el problema de las drogas.
También, destaca el Manual de Buenas Prácticas para Destrucción de Laboratorios Clandestinos, para incrementar las capacidades institucionales en prevención y atención del desvío de sustancias utilizadas por organizaciones delictivas para elaborar opioides sintéticos y estimulantes de tipo anfetamínico, así como en la reducción de la demanda, además del tratamiento y rehabilitación de adicciones.
Además, resaltan las Fichas Técnicas para la Recolección de Buenas Prácticas, que servirán para elaborar un documento que facilite el proceso de intercambio de lecciones aprendidas para identificar soluciones a desafíos comunes en el hemisferio, así como fortalecer el Sistema de Alerta Temprana que permitirá abordar el desafío de nuevas sustancias psicoactivas o drogas emergentes.
Igualmente, destaca la creación de la Presidencia del Grupo de Expertos sobre Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (GDAIS), mediante la cual México reafirma su compromiso de atender el problema de las drogas desde una perspectiva equilibrada, poniendo especial énfasis en las causas del problema y posicionando a las personas en el centro de las políticas públicas.
Se impulsó el Programa de Formación Ejecutiva Internacional para la Evaluación de Políticas de Drogas y Desarrollo de Nuevos Indicadores, el cual contó con la participación de la CICAD, así como otros organismos internacionales, representantes de otros países, dependencias del gobierno mexicano y organizaciones de la sociedad civil.
Asimismo, se expuso que el desarrollo alternativo es un concepto dinámico y cambiante, que en su proceso de evolución ha incorporado nuevos aspectos como el diseño integrado de programas de desarrollo territorial o local.
Otra de las participaciones de la Oficina Nacional fue en el panel titulado: “Implementación de las políticas nacionales de drogas a nivel local-municipal en el marco del desarrollo”, mediante el cual se hace énfasis en la premisa de intercambiar y fortalecer los conocimientos, competencias y habilidades para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en torno a las drogas.
Además, es importante consolidar el conocimiento en la materia, aspecto que se reflejará en un óptimo desarrollo de las instituciones responsables de atender dicha problemática en sus diferentes aristas.
De acuerdo al planteamiento de la PGR, para la atención de un nuevo paradigma para la política de drogas, es fundamental la incorporación de un enfoque basado en evidencia y partiendo de una perspectiva multidisciplinaria y multicausal.
La PGR continúa los trabajos para consolidar una estrategia internacional de drogas más humana, integral, equilibrada y justa, repercutiendo en una estrategia que busque hacer de América una región más próspera, desarrollada y segura.
La CICAD es el foro del hemisferio que reúne los esfuerzos para tratar el problema de las drogas, mismos que se traducen en el incremento de las capacidades humanas e institucionales de los Estados miembros para reducir la producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas, y hacer frente a las consecuencias sanitarias, sociales y penales de la problemática de este flagelo.
Fue establecida por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1986 y sesiona dos veces al año con 34 países miembros.
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