Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas reitera compromiso con quienes ejercen estas actividades
La Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas adscrito a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación discrepa con el posicionamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través del cual solicita se reconsidere la decisión de no incorporar a la funcionaria Sanjuana Martínez Montemayor al mecanismo y, de manera inmediata, otorgue las medidas preventivas necesarias y de protección a su favor.
EUM SEIE 12 mayo 2021
Al respecto, se realizan las siguientes precisiones:
1. En el mes de abril el Mecanismo de Protección recibió oficios y escritos por parte de Sanjuana Martínez Montemayor, directora general de la Agencia de Noticias del Estado mexicano (Notimex), en el que solicita su incorporación y medidas de seguridad frente a diversos hechos, señalando a organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación e instituciones de educación superior como sus agresores.
1. El pasado 29 de abril se informó a Martínez Montemayor la negativa de incorporación al Mecanismo de Protección y los servicios que este brinda, en virtud de que las situaciones que ella expuso, no se dan con motivo de su labor periodística y ejercicio de su libertad de expresión, sino que guardan relación con el ejercicio de su encargo como funcionaria titular de una institución del Gobierno de México.
El Mecanismo para la Protección es un instrumento del Estado mexicano que tiene por finalidad implementar y operar medidas de prevención y protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.
Las instituciones nacionales de protección a derechos humanos, tales como este Mecanismo de Protección y la propia CNDH, son conquistas de las sociedades para generar una respuesta frente a la actuación del Estado ante amenazas o violaciones a derechos humanos infringidas sobre la población. En opinión de este mecanismo, las instituciones de derechos humanos se crearon para brindar protección a la población que se ve en situación de vulneración o desventaja frente a actos de poder.
Las y los funcionarios del Gobierno de México tienen el derecho a que se garantice su vida, integridad y seguridad personal ante cualquier amenaza que sea provocada por el ejercicio de su encargo. Sin embargo, el sistema jurídico e institucional ofrecen otras vías, mismas que le fueron hechas de su conocimiento a Sanjuana Martínez Montemayor.
Cabe aclarar que el Mecanismo de Protección no tiene facultades para pronunciarse sobre los hechos que la directora general señala, ni sobre el conflicto laboral que ocurre en la institución que encabeza.
Por lo anterior, el Mecanismo de Protección reitera su postura de no ejercer su competencia en la solicitud expuesta por Sanjuana Martínez Montemayor, directora general de Notimex. A su vez, el mecanismo reitera su disposición de continuar colaborando con la CNDH para atender el presente asunto a través del procedimiento de queja respectivo, en términos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su Reglamento.
Conflictos mineros en el país son atendidos por gobierno federal
• Subraya secretaria Olga Sánchez Cordero que dependencia a su cargo ha fungido como facilitadora de diálogo para la atención de seis conflictos en los estados de Sinaloa, Baja California, Guerrero, Zacatecas y Querétaro
EUM SEIE 12 mayo 2021.-En la conferencia matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó sobre acciones que se llevan a cabo para atender conflictos mineros en el país.
Detalló que, en cumplimiento a la instrucción y como parte de las acciones que se realizan en beneficio y promoción de la gobernabilidad en el país, en coordinación con las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS), y de Economía, así como con gobiernos locales, Gobernación ha fungido como facilitadora de diálogo para la atención de seis conflictos mineros en los estados de Sinaloa, Baja California, Guerrero, Zacatecas y Querétaro.
"Con esta intervención, se han escuchado las voces de las personas interesadas y se ha logrado generar acuerdos consensuados en beneficio de todas las partes interesadas", señaló.
En particular, en la mina de San Rafael, en Cosalá, Sinaloa, indicó que la situación que concierne a ésta desde enero de 2020, se ha fundado en la exigencia de los trabajadores por la aplicación de un contrato colectivo de trabajo, así como medidas referentes a la salud y el medio ambiente.
Desde el Salón de la Tesorería, abundó que existía una disputa entre organizaciones sindicales por la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Ante ello, se efectuaron diversas acciones tendientes a acercar las posiciones y a buscar entablar un diálogo entre las partes.
El 17 de septiembre, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) llevó a cabo un recuento para definir la titularidad del contrato colectivo. El 20 de septiembre, ésta reconoció al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana como titular del contrato colectivo y en consecuencia se presentaron dos juicios de amparo, por lo que la titularidad del amparo está aún en tribunales.
En ese sentido, la Secretaría de Gobernación hizo un respetuoso llamado a los tribunales que tienen los dos juicios de amparo para que resuelvan a la brevedad posible y por ende, en las negociaciones tener la certeza con base en la resolución que emitan.
En diciembre de 2020, el presidente de México instruyó a las titulares de Gobernación, de Economía y STPS encargarse de la conciliación del conflicto, por lo que fueron retomadas las negociaciones con la intención de reanudar las operaciones de la mina y conciliar las diferencias entre la empresa y el sindicato.
En marzo del año en curso se llevaron a cabo diversas reuniones para la negociación de un nuevo acuerdo, y paralelamente se trabajó en una carta compromiso con el detalle de los alcances de la reapertura de la mina, el ingreso de los trabajadores y una visita de inspección en materia de seguridad e higiene por parte de la STPS.
El 26 de abril, una comisión de personas servidoras públicas de las tres secretarías antes mencionadas realizó diversas reuniones en Culiacán, Sinaloa, con trabajadores de la mina de Cosalá, quienes coincidieron en la reactivación de la mina como una prioridad.
Actualmente, las partes se encuentran en pláticas sobre los términos de la reapertura de la mina y el ingreso de los trabajadores:
"Hacemos un llamado tanto a la empresa como a los trabajadores a avanzar en las diversas posiciones que se tienen de la recontratación de algún grupo de trabajadores para que ya podamos avanzar en la reapertura de la mina", insistió.
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