La consulta pública para emitir nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias no sólo propone nuevas reglas para la radio y la televisión. Presentada tras la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y otros organismos constitucionales autónomos, la iniciativa volvió a colocar en el centro del debate el papel que debe tener el Estado en la regulación de los medios de comunicación y los alcances de la libertad de expresión en México.
Sonia Domínguez Ramírez
EUM SEIE 28 julio 2026
La decisión del gobierno federal busca emitir nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, el propósito es garantizar que la ciudadanía reciba información claramente diferenciada de la opinión y la publicidad, además de fortalecer los mecanismos para presentar quejas cuando esos derechos sean vulnerados.
Durante su conferencia matutina, la mandataria rechazó que la propuesta represente un mecanismo de censura y afirmó que fue elaborada con la participación de concesionarios y especialistas del sector. Insistió en que los lineamientos no pretenden intervenir en las decisiones editoriales de los medios, sino hacer efectivos derechos que ya están reconocidos en la Constitución y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La propuesta, elaborada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), permanecerá en consulta pública hasta el 21 de agosto. Entre otros aspectos, plantea que los concesionarios de radio y televisión distingan con claridad la información de la opinión, identifiquen los contenidos publicitarios, cuenten con códigos de ética y mantengan una defensoría de las audiencias encargada de atender las inconformidades de los ciudadanos.
Sin embargo, el debate que ha generado trasciende el contenido de los lineamientos.
Para especialistas en derecho constitucional y libertad de expresión, la discusión se produce en un momento de profundas transformaciones institucionales. La desaparición del IFT, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y de otros organismos constitucionales autónomos modificó el sistema de contrapesos construido durante las últimas décadas para limitar la concentración de facultades en el Poder Ejecutivo.
Ese contexto explica por qué el anuncio despertó inquietud entre diversos sectores, aun cuando los derechos de las audiencias no son nuevos.
Su origen se remonta a la reforma constitucional de telecomunicaciones de 2013, que por primera vez reconoció estos derechos en la Carta Magna. La legislación secundaria de 2014 estableció principios como el derecho de las audiencias a distinguir información de la opinión, identificar claramente la publicidad y contar con mecanismos para presentar quejas.
Fue en 2016 cuando el entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió los primeros lineamientos para hacer efectivos esos derechos. La medida provocó una intensa controversia. Concesionarios, periodistas y especialistas argumentaron que algunas disposiciones podían traducirse en una injerencia del Estado en las decisiones editoriales de los medios. Un año después, el Congreso modificó la legislación y varias de esas obligaciones fueron eliminadas o flexibilizadas.
El regreso de reglas similares ocurre ahora bajo un modelo institucional distinto.
Durante gran parte del siglo XX, bajo el régimen de partido hegemónico, la relación entre el gobierno y los medios de comunicación estuvo marcada por mecanismos de control político y económico que iban desde la distribución discrecional de la publicidad oficial hasta la asignación de concesiones y presiones sobre las líneas editoriales. La transición democrática buscó desmontar gradualmente ese esquema mediante la creación de organismos autónomos, leyes de transparencia y reguladores independientes que limitaran la intervención directa del gobierno en sectores estratégicos.
En materia de telecomunicaciones, el IFT representó uno de esos contrapesos. Su desaparición y la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones forman parte de una reforma institucional que el Gobierno federal defiende como una medida para simplificar la administración pública y fortalecer la rectoría del Estado. Sus críticos, en cambio, consideran que la eliminación de organismos autónomos reduce los mecanismos de supervisión independiente y concentra mayores facultades regulatorias en el gobierno.
En distintos informes, Artículo 19 ha advertido sobre el deterioro de las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión, la persistencia de un discurso estigmatizante contra periodistas y la pérdida de contrapesos institucionales. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) ha cuestionado reformas que amplían las capacidades regulatorias y de vigilancia del Estado sin fortalecer mecanismos independientes de supervisión, mientras que Fundar ha señalado que la desaparición de organismos autónomos representa un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Por su parte, Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) han expresado reiteradamente su preocupación por el ambiente que enfrenta el periodismo en México, marcado por la violencia contra comunicadores, la polarización política y las tensiones entre el poder y la prensa. Aunque ninguna de estas organizaciones se había pronunciado específicamente sobre la consulta pública al cierre de esta edición, sus diagnósticos coinciden en advertir que la existencia de instituciones independientes constituye un elemento esencial para proteger la libertad de expresión.
La experiencia internacional también alimenta el debate. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras y Freedom House han documentado que en países como Venezuela, Nicaragua y Hungría el debilitamiento de organismos independientes, las reformas regulatorias sobre los medios y la ampliación de las facultades estatales en materia de comunicación formaron parte de procesos más amplios de concentración del poder.
En Venezuela, por ejemplo, la no renovación de concesiones a medios críticos, el fortalecimiento de los órganos reguladores y la aplicación de normas para sancionar contenidos fueron señalados por organismos internacionales como parte del deterioro de las garantías democráticas durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En Nicaragua, la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han documentado el cierre de medios de comunicación, la confiscación de instalaciones y reformas legales utilizadas para restringir el trabajo periodístico. En Hungría, la Comisión Europea y Freedom House han advertido que las modificaciones al sistema regulatorio fortalecieron la influencia del gobierno sobre el ecosistema mediático.
Especialistas en derecho constitucional coinciden en que ninguno de esos procesos respondió a una sola ley ni a una reforma aislada. Más bien, fueron el resultado de una sucesión de cambios institucionales que redujeron progresivamente la autonomía de los órganos de control y ampliaron la capacidad del Estado para intervenir en el espacio público.
En México, el gobierno sostiene que los nuevos lineamientos únicamente buscan hacer efectivos derechos ya reconocidos por la Constitución y que la consulta pública permitirá enriquecer el proyecto antes de emitir su versión definitiva.
No obstante, el momento político en el que surge la propuesta ha hecho que la discusión vaya más allá del contenido técnico del documento. Para especialistas y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión, el desafío consiste en garantizar el derecho de las audiencias sin debilitar la independencia editorial de los medios ni los contrapesos institucionales que durante las últimas décadas buscaron mantener la regulación de las telecomunicaciones y el acceso a la información fuera de la influencia directa del poder político.
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